Ana Laura Romero refrenda cero tolerancia a la corrupción en la obra pública de Chiapas
Como parte de la estrategia integral de fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción impulsada por el gobernador del estado, Dr. Eduardo Ramírez Aguilar, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto, reafirmó que en Chiapas no existe espacio para la impunidad, el incumplimiento contractual ni las prácticas que vulneren el interés público. Por lo anterior, se determinó la CANCELACIÓN del registro de inscripción de una empresa en el Padrón de Contratistas del Estado.
Bajo la visión de la Nueva ERA de construir un gobierno honesto, eficiente y cercano a la ciudadanía, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno continúa fortaleciendo los mecanismos de vigilancia, supervisión, fiscalización y control de la obra pública, con el objetivo de garantizar que cada peso destinado al desarrollo de infraestructura se ejerza con transparencia, legalidad y resultados para las y los chiapanecos.
En este contexto, la dependencia informa que, derivado de un procedimiento administrativo sustanciado con estricto apego a derecho, se determinó la CANCELACIÓN del registro de inscripción de una empresa en el Padrón de Contratistas del Estado, como consecuencia del incumplimiento de obligaciones derivadas de un instrumento contractual.
La resolución fue emitida tras una revisión técnica, jurídica y administrativa que acreditó elementos suficientes para la aplicación de las medidas previstas en la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas y demás disposiciones normativas aplicables, garantizando en todo momento los principios de debido proceso, legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia y respeto al derecho de audiencia.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno destacó que la correcta ejecución de las obras públicas representa una prioridad estratégica para el desarrollo económico y social del estado, por lo que las empresas contratistas deben cumplir plenamente con los estándares técnicos, financieros y legales establecidos en los contratos celebrados con las instituciones públicas.
Asimismo, se reiteró que la supervisión permanente de los proyectos de infraestructura forma parte de una política preventiva y correctiva orientada a proteger el patrimonio público, fortalecer la confianza ciudadana y asegurar que las obras destinadas al bienestar de la población se concluyan con calidad, oportunidad y responsabilidad.
