entre prisas, mayorías y dudas • Política • México
Independientemente de colores, preferencias o ideologías políticas, hoy México ya no es el mismo país. Al menos no desde la óptica de la administración pública, de la división de poderes y de la forma en que se toman las decisiones. En los últimos años, y de manera acelerada en el último, el país ha entrado en una etapa de transformaciones profundas que están redefiniendo las reglas del juego político, jurídico y electoral.
La discusión en torno a la nueva reforma electoral no surge en el vacío, sino que forma parte de un proceso más amplio de reconfiguración del Estado mexicano, impulsado por un poder político que hoy concentra una fuerza inédita. Para algunos, este momento representa la oportunidad histórica de corregir vicios arrastrados durante décadas y para otros, es una señal de alarma frente a la destrucción de los contrapesos que sostienen a cualquier democracia funcional.
Los datos ayudan a dimensionar el momento, ya que en el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, del 1 de octubre de 2024 al 15 de diciembre de 2025, se aprobaron 17 reformas constitucionales que modificaron 53 de los 136 artículos de la Constitución. Es decir, más del 30% del texto constitucional.
Nueve de esas reformas provenían del paquete pendiente de la administración de Andrés Manuel López Obrador y siete fueron presentadas directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum. Más allá del origen, el fondo es claro: el ritmo y la profundidad del cambio constitucional no tienen precedente reciente.
En su primer año, López Obrador presentó 14 iniciativas, de las cuales nueve fueron aprobadas. Claudia Sheinbaum, en un periodo apenas mayor, ha presentado 65 iniciativas: 59 aprobadas, cinco pendientes y una retirada. La tasa de aprobación supera el 90%.
Estos números no necesariamente hablan de la calidad de las reformas, pero sí de algo innegable: hoy el Ejecutivo no enfrenta una verdadera resistencia legislativa. El Congreso dejó de ser un espacio de negociación para convertirse en una extensión operativa del proyecto político en el poder.
Para estar en el mismo canal, la reforma electoral que se discute propone, entre otros puntos clave: reducir el número de legisladores plurinominales, disminuir el financiamiento público a los partidos políticos, modificar la estructura y funciones de la autoridad electoral, y redefinir reglas de representación y fiscalización de los procesos electorales.
Se trata de cambios constitucionales que requieren mayoría calificada y la aprobación de al menos 17 congresos estatales. La prisa no es casual: el calendario electoral, que comienza a mediados de año, limita cualquier modificación una vez iniciado formalmente el proceso, lo que explica la urgencia con la que se busca aprobarla.
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Reforma electoral en México: entre prisas, mayorías y dudas
Para sus impulsores, la reforma responde a una demanda social de austeridad, eficiencia y mayor cercanía entre representantes y ciudadanía. Para sus críticos, implica debilitar al árbitro electoral y concentrar aún más el control político del sistema.
El problema de fondo no es únicamente la reforma electoral, sino el contexto en el que ocurre. En paralelo, se han aprobado cambios que impactan directamente al Poder Judicial, se han eliminado organismos constitucionales autónomos y se han rediseñado instituciones clave. El resultado: un sistema donde los tres poderes del Estado responden, en los hechos, a una misma lógica política.
Desde la óptica económica y empresarial, la certidumbre institucional no es un lujo, es una condición básica. Los negocios no se mueven por simpatías políticas, sino por reglas claras, estabilidad jurídica y previsibilidad. Reformar el sistema electoral sin consensos amplios, sin contrapesos efectivos y con procesos acelerados genera dudas que trascienden lo político.
Esto no significa negar la necesidad de cambios. Significa reconocer que la forma importa tanto como el fondo. Y que cuando las reglas se modifican desde una posición de poder absoluto, el margen de error se reduce drásticamente.
El debate no debería centrarse únicamente en si la reforma electoral es buena o mala. La pregunta de fondo es otra: ¿qué país estamos construyendo cuando el sistema de pesos y contrapesos deja de operar? ¿Qué pasa cuando escuchar a la oposición se vuelve un trámite narrativo y no un ejercicio real de consenso?
México está entrando en una etapa en la que las decisiones ya no se corrigen con alternancia sencilla ni con ajustes menores. Lo que se está redefiniendo es la arquitectura misma del poder y se trata de entender que, cuando el sistema de pesos y contrapesos deja de funcionar, el margen de error ya no es político, es histórico.
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